Un ciudadano que deseara impugnar la legalidad de un decreto podía declarar su intención bajo juramento ante la asamblea popular, ya fuera antes o después de la votación sobre las disposiciones consideradas ilegales. Esta declaración oficial suspendía la validez del decreto.

A diferencia del pueblo colombiano con el que vive, Ariane Bilheran observa que los franceses exigen constantemente su dosis de ilusiones. Los recientes estallidos de odio colectivo e hipocresía ilustran vívidamente esta adicción.